“Con el PSC tenemos proyectos incompatibles“, ha pregonado ERC. “En ningún caso será investido con nuestros votos“, ha sentenciado también Junts. De nuevo, el veto de los independentistas a un pacto de gobierno con el PSC se sitúa en el epicentro de la campaña de las elecciones del próximo 12 de mayo. En 2021 ambos llegaron a firmar un documento en el que se comprometían por escrito a no llegar a un acuerdo con los socialistas. No tardó en quedarse en papel mojado. Porque pese a no tratarse de alianzas para comandar la Generalitat, republicanos y posconvergentes, al galope de su ruptura y divergencias irreconciliables, han alcanzado ententes de calado con el partido de Salvador Illa, así como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la gobernabilidad de Catalunya, del Estado y del siempre heterogéneo panorama municipal. Estas serán las primeras elecciones en las que se ha consumado la ruptura de bloques.
Sin el PSC, el Govern de Aragonès no habría logrado aprobar los presupuestos de 2023. A costa, eso sí, de ceder y aceptar la construcción de la B-40 entre Sabadell y Terrassa. El acuerdo económico se reeditó para este año, pese a que finalmente las cuentas descarrilaron por el pulso de los Comuns contra el Hard Rock que fue el detonante del adelanto electoral. Aunque ERC no tenía a principios de legislatura ninguna intención de atar con Illa la ley estrella de la gestión de un Govern, el divorcio con Junts en octubre de 2022 hizo saltar por los aires esa línea roja. Los socialistas catalanes aprovecharon esa grieta para ganar centralidad y pactar a conveniencia con los unos y con los otros. A su vez, los republicanos se han consolidado desde 2020 como socio de Sánchez para aprobar las cuentas estatales, cosa que no pasará esta vez porque el presidente del Gobierno ha renunciado a presentarlas tras la precipitación de las elecciones en Catalunya.
Aunque no haya sido directamente con el PSC, la aprobación de la amnistía como contrapartida a la investidura de Pedro Sánchezes paradigmática de cómo ERC y Junts se han situado en una tesitura negociadora con los socialistas. Hasta el punto que ambas formaciones compiten por quién logra sacar más tajada de sus pactos con el PSOE, sea por atribuirse la paternidad de la ley que tiene como objetivo exonerar las causas del ‘procés’, sea con el futuro debate sobre la reforma de la financiación, con el traspaso de competencias como Rodalies o inmigración o sobre la promoción de la oficialidad del catalán en el Parlamento Europeo, por ahora todas a medio camino o, directamente, en el tintero. El gran punto de inflexión se produjo cuando Carles Puigdemont dio su ‘sí’ a facilitar que Sánchez fuera presidente tras años de recriminar a los republicanos sus pactos con el PSOE.
La Diputación de Barcelona fue uno de los primeros escenarios donde se resquebrajaron los bloques. En 2019 escoció especialmente en las filas republicanas que Junts cerrara un pacto con el PSC para que la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, la presidiera en lugar de remar a favor un pacto para que la presidiera un dirigente de ERC. En 2023 se produjo la torna y, pese a que inicialmente el plan de los socialistas era reeditar la alianza con Junts, la jugada con la que el PSC arrebató la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias provocó que los posconvergentes se echaran para atrás y el partido de Illa pactara el mando de la institución con ERC, Comuns y díscolos de Junts. Los republicanos aún fueron más allá y tejieron acuerdos con el PSC para presidir las diputaciones de Tarragona y de Lleida, mientras que la de Girona es la única en la que los dos partidos independentistas lograron un acuerdo.
Los pactos post-municipales del año pasado dieron cuenta del fuego cruzado abierto entre ERC y Junts para arrebatarse poder municipal. El acuerdo alcanzado en Roses entre PSC y Junts para echar a Esquerra fue el más tempranero. Esta solo fue la primera jugada, ya que socialistas y posconvergentes se aliaron también en la Ametlla de Mar o la Bisbal d’Empordà, al tiempo que ERC hacía lo propio en Tortosa, Masquefa, Les Borges Blanques, Tàrrega y Montblanc. También en Barcelona ha habido baile del PSC con los unos y con los otros. En su arrancada como alcalde, Jaume Collboni exploró un acuerdo con Xavier Trias, mientras que antes de la convocatoria de las elecciones catalanas del 12 de mayo tenía encauzado un pacto de gobierno con ERC que ahora está en el aire pese a que tiene un acuerdo de presupuestos con los republicanos.
La legislatura arrancó con un pacto a tres bandas para renovar los principales organismos estatuarios que dependen del Parlament. Así pues, ERC, PSC y Junts acordaron la composición de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) y la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Más emblemático fue aún el pacto a cuatro -también con los Comuns- para aprobar la ley para blindar el catalán como lengua vehicular en la escuela. Pero con la ruptura del Govern de ERC y Junts en octubre de 2022, el Parlament se convirtió en un ring para el Govern en minoría de Pere Aragonès.
Pese a que los republicanos han pactado presupuestos con el PSC -y los de Gabriel Rufián han hecho lo propio en el Congreso-, ha sido una constante la suma de los socialistas y Junts para frenar o condicionar de forma significativa iniciativas del Executiu. Pasó con la ley del plan estadístico, el primer varapalo que se llevó Aragonès tras la salida de Junts del Govern, que fue tumbada pese a que había sido elaborada por el exconseller Jaume Giró. Socialistas y posconvergentes se impusieron para que se aprobara una ley para que los ayuntamientos puedan impulsar desahucios de pisos de grandes tenedores en 30 días y para modificar por la vía urgente el fondo de transición nuclear. Ambos partidos también han obligado al Govern a rectificar decretos como el de la gestión de la sequía. En el pasado debate de política general, el Govern perdió más de la mitad de votaciones.
Cabe decir que en esta legislatura ERC, PSC y la CUP suspendieron y forzaron la substitución de Laura Borràs como presidenta de la institución una vez llegó su condena por amaño de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, uno de los episodios que contribuyó al clima de ruptura de Junts con los republicanos.
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Source: www.elperiodico.com
