Cualquiera que se haya tenido que enfrentar a un divorcio no amistoso conoce la tensión emocional que genera esta situación y lo agrio que llega a ser el combate entre dos personas que hasta hace poco tiempo se querían y compartían vida, casa y familia. Es en este contexto que las entidades sociales en favor de la salud mental alertan de que se están produciendo casos en los que uno de los dos integrantes de la pareja usa los problemas de salud mental de su ex como arma para conseguir mejores condiciones en el divorcio y en el reparto del tiempo de crianza de los hijos. Las entidades y juristas recuerdan que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Y piden a los jueces más sensibilidad para no caer en decisiones injustas fruto del miedo o los prejuicios.
Todo ello lo sabe bien Salut Mental Catalunya (SMC), la principal entidad social de defensa de las personas con problemas de salud mental. SMC dispone de un servicio de atención a personas que ven vulnerados sus derechos fundamentales. Iván Cano coordina este trabajo de defensa, y constata un aumento general de casos y, en concreto, una creciente demanda de ciudadanos que se ven perjudicados en casos de separación y custodia de hijos. “La salud mental sufre una discriminación transversal, y vemos la discriminación a la mujer entre otras cosas por el derecho a ejercer el rol materno; son vulneraciones flagrantes“, describe Cano. “Por ejemplo, acompañamos a una mujer en un proceso de revisión de la custodia de los hijos en el que la otra parte situaba como agravante el problema de salud mental de ella”, describe el responsable de proyectos de SMC.
Vemos la discriminación a la mujer en su derecho a ejercer el rol materno, es una vulneración flagrante de derechos
Jueces con miedo, sociedad con prejuicios
Y una vez el caso llega a los juzgados, SMC cuenta con Judith Franco, abogada del Col·lectiu Ronda, entidad que ha establecido un acuerdo con Salut Mental Catalunya. Franco ve en su trabajo diario como se utiliza la salud mental como un dardo. “Hay demandas insultantes que hablan de la patologia mental como si no hablaran de personas, y eso es no entender que forma parte de la característica de una persona, como otras tienen problemas de epilepsia o van en silla de ruedas, y en cambio se pone sobre la mesa de forma invalidante hacia el otro progenitor”, denuncia.
Esta abogada está acostumbrada participar, como dice ella misma, en combates desiguales porque se asocia “enfermedad mental a riesgo, se parte de una base negativa, y todo ello hace que la lucha sea titánica, del individuo contra la sociedad”. En concreto, cuando una persona con un diagnóstico psiquiátrico va al juzgado en un proceso de divorcio “tiene que explicar muchas más cosas, afronta muchas más preguntas y exponer su historial médico, que se asocia enseguida a riesgo”.
Se asocia enfermedad mental a riesgo; nuestra lucha es titánica, del individuo contra la sociedad
El trabajo de esta letrada consiste en acreditar ante el juez, mediante informes médicos, que la trayectoria vital de su cliente es normal, ordenada, y que su patología es una característica como otra, pero no invalidante. Franco ve a los jueces “bloqueándose”, cuando ven un diagnóstico de salud mental, vinculándolo a peligrosidad aunque tal peligrosidad no haya existido nunca. Y eso mientras el abogado de la otra parte usa la cuestión de la salud mental sin reparos éticos, porque cree la versión de su cliente.
Niños que no ven a su madre
La tarea de Judith y la de Iván se basa en una constante pedagogía, con las leyes sobre derechos básicos en la mano, para defender cuestiones básicas. “Es una lucha importante, para hacer entender que nuestro cliente puede tener alguna descompensación o requerir un ingreso, y que eso no hace que la persona deje de ser apta; la conciencia de enfermedad es clave”, subraya la abogada. “Hay situaciones que nada tienen que ver con la salud mental y que son mucho más peligrosas, y no se tienen en cuenta”, añade.
Y todo ello agravado cuando existen menores que pueden ver también vulnerado el derecho a ver su madre o su padre, destaca Iván. “Se impide ejercer el rol de padre o madre por el simple hecho de que en un momento dado han necesitado más apoyo o han tenido más dificultades. Esto es estigma. Y, de nuevo, una vulneración grave de derechos”, denuncia.
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